El bloque Fuerza Patria presentó un proyecto de Resolución para que el Concejo Deliberante le pida al edil Alexis Hasen, presidente del interbloque La Libertad Avanza Luján, que informe al Cuerpo sobre el crédito multimillonario que le otorgó el Banco Nación.

De acuerdo a la iniciativa, firmada por los 12 concejales del oficialismo local, el Deliberativo también solicitará a la Cámara de Diputados que le comunique si Hasen (u otro funcionario público o persona políticamente expuesta de Luján) está incluido en el pedido de informes que los legisladores nacionales enviaron al Poder Ejecutivo.

Establece también que, una vez reunida la información requerida, “en caso de surgir elementos objetivos que justifiquen un mayor esclarecimiento institucional, este Cuerpo evaluará la conformación de una Comisión Investigadora o de una Comisión Especial”.

Entre los considerandos, la bancada peronista señala que “la eventual concesión de créditos a funcionarios públicos en condiciones preferenciales podría configurar situaciones de conflicto de intereses, afectando la confianza pública en las instituciones”.

Además, señala que deben evitarse “beneficios indebidos”, y que Hasen “habría accedido a un crédito hipotecario de significativa cuantía, cuya aprobación y condiciones habrían sido otorgadas en plazos breves y en un contexto que genera dudas razonables respecto de la igualdad de acceso al sistema crediticio”.

“Se ha señalado públicamente la posible existencia de incompatibilidades entre la situación patrimonial del funcionario, los requisitos exigidos por las entidades otorgantes y las condiciones en las que el crédito habría sido concedido; la magnitud del crédito, su modalidad de otorgamiento y el carácter público del funcionario involucrado colocan el hecho en una dimensión que excede lo estrictamente personal, proyectándose sobre la confianza pública”, indica.

Advierten también las y los integrantes de la bancada mayoritaria que la ciudadanía de Luján se encuentra atravesada por severas dificultades para el acceso a la vivienda y al crédito hipotecario, “lo que agrava el impacto social de este tipo de situaciones cuando involucran a representantes públicos”.

“El eventual uso de influencias, información privilegiada o vínculos políticos para la obtención de beneficios económicos constituye una de las formas más graves de afectación a la ética pública”, subrayan y agregan que “corresponde evaluar si el acceso al crédito se produjo en condiciones de igualdad respecto del resto de la ciudadanía, o si existieron tratamientos diferenciales o privilegiados”.